Bilbao. 23/03/2014.-

Gabriel Torres Amann. Abogado

Según denuncia SOS Galgo, una de las asociaciones que más viene luchando por la dignidad y en defensa de la vida de estos bellos animales, en España se rescatan más de 50.000 galgos al año.

La semana pasada conocimos la denuncia efectuada por otra asociación protectora, Galgo Leku, que sólo en lo que va de año en la provincia de Zaragoza habían sido abandonados unos cien galgos, lo que evidentemente ha causado una gran alarma y preocupación.

El mayor número de abandonos en España, según recoge el último Estudio Affinity (http://www.fundacion-affinity.org/), se produce en el mes de febrero y coincide con el fin de la temporada de caza. Ese es el mes en el que los dueños a los que ya el galgo no les sirve e incluso les molesta, suelen llevarlos a las perreras. O, simplemente, los abandonan en la calle ahorrándose los 80 euros de su recogida en la perrera según se denuncia por la presidenta de la protectora.

El hecho cierto es que el control de perros abandonados o maltratados es muy difícil de llevar dado que no existe ningún Registro, lo que viene siendo una petición de todos los interesados en que esto termine cuanto antes. Pero parece que las autoridades no lo ven como un problema y evitan afrontarlo.

Toda vez que la gran mayoría de los perros rescatados no tienen chip, o simplemente se los arrancan, y por ello es imposible localizar al dueño cuando se produce la circunstancia del abandono o el maltrato, se hace necesario un mayor control sobre los perros sin ese dispositivo por parte de todas las autoridades, sean municipales o de la misma Guardia Civil. Somos muchos los que pensamos que el maltrato o el abandono irresponsable deberían estar mucho más castigados, y que el hecho de que los dueños de los canes no inserten el chip a sus mascotas debería constituir también un delito ya que su propietario está actuando con premeditación para eludir sus posibles responsabilidades futuras. El control del chip es necesario ya que con su omisión se pone en peligro también el control sanitario con el consiguiente riesgo para la población.

Aunque sea desagradable, creemos que hay que exponer la forma en que se mata a los galgos, especialmente malévola, para que todo el mundo comprenda a lo que estos bellos animales se exponen. Según la Asociación WSPA a los perros que no habrían prestado un buen servicio de caza los ahorcaban bien cerca del suelo para que mueran despacio. Esto lo llaman ‘el toca piano’, porque los perros arañan frenéticamente con las patas al suelo para poder quedarse de pie. Los perros que han prestado buen servicio son colgados altos, lo que resulta en una muerte más rápida. Galgos no deseados son también apedreados, atados y dejados atrás para que se mueran de hambre, o tirados al agua para que se ahoguen o arrojados en pozos para después quemarlos. Terrible.

El pasado mes de noviembre se conoció la sentencia de un Juzgado de lo Penal, concretamente el número 1 de Toledo, que ha condenado por primera vez en España a un cazador por ahorcar a sus galgos. El proceso se ha seguido gracias a otra de las asociaciones, la BaasGalgo, fundada en 2009, que ha ejercido la acusación popular.

El procesado, vecino de la localidad toledana de Fuensalida, fue condenado a siete meses y medio de prisión, así como a la inhabilitación especial durante dos años y un día para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio relacionado con los animales. Esta inhabilitación se extiende, según la sentencia, a que no cace con galgos, no posea galgos ni comercie con ellos. Tampoco podrá ejercer como presidente ni otro cargo en ninguna asociación relacionada con caza con galgos durante ese tiempo.

El origen de esta sentencia se remonta a dos años atrás, cuando los cadáveres de dos jóvenes galgos, de 22 meses y cinco años, fueron hallados en la localidad toledana donde vivía el condenado. Miembros de la Asociación BaasGalgo encontraron primero a un galgo sin identificar con una pita atada al cuello: había sido ahorcado. Pero a los componentes de esa asociación les pareció muy extraño ver tierra removida en las inmediaciones y comenzaron a escarbar hasta que encontraron los cadáveres de otros dos galgos; también habían sido ahorcados. Pero estos dos animales sí llevaban microchip, lo que facilitó identificar a su dueño, quien confesó ser el autor de los hechos. Ante el juez, el cazador afirmó que desconocía que ahorcar animales fuese delito, que su abuelo lo había hecho toda la vida y admitió que los sacrificó porque tenían defectos y no le valían para la caza.

El precedente de esta sentencia, como se nos indica desde la protectora, ayudará a que se reduzcan los maltratos a los galgos tras la temporada de caza, práctica desgraciadamente muy extendida entre cazadores de algunas regiones de España.

Uno de sus principales objetivos de las asociaciones protectoras es desmentir la creencia de que este maltrato animal es una “leyenda negra” o que son casos esporádicos. La práctica de ahorcar galgos al terminar la temporada de caza, o cuando han dejado de ser útiles a sus dueños, sigue siendo habitual en España y por ello no hay que bajar la guardia ni por los ciudadanos ni por las autoridades.

Que Ángel López, de la Federación Española de Caza, asegure que la RFEC condena de manera radical esta práctica y que jamás podrá considerar cazadores a este tipo de personas capaces de hacer semejantes atrocidades no exime al organismo que preside y a sus asociados de cierta responsabilidad. No se tiene constancia de ninguna denuncia por su colectivo que necesariamente se debería haber involucrado más en defensa de sus propios intereses y el buen nombre de los galgueros.