La sombra de Gallardón es alargada. Superados los dos años de la implantación de la Ley 10/2012, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, ninguna asociación o colegio profesional, defiende la ley, pero la norma sigue en vigor. Todos los colectivos, progresistas o conservadores consideran las tasas excesivas y piden su inmediata derogación. Incluso algunos tienen presentado recurso de inconstitucionalidad.

Sede del TSJPV

Las tasas fijas van de 150 a 1.200 euros y el tope de la variable 2.000 euros para las personas físicas y 10.000 para el resto. En su momento, y ante las fortísimas críticas, Gallardón modificó la ley, rebajando algunas cuantías y ampliando los colectivos exentos a personas con menos de 15.975 euros/año, a las víctimas de maltrato, terrorismo, trata de personas y accidentes con secuelas permanentes, a los desahuciados, discapacitados psíquicos y divorcios de mutuo acuerdo, así como a la Administración General del Estado, de las CCAA y de las entidades locales, entre otros organismos públicos.

El actual ministro de Justicia habló de su reducción desde el mismo momento en que tomó posesión del cargo pero no apostó por la derogación de la ley. Tampoco ha hecho mención alguna al incumplimiento del destino de lo recaudado que se prometió por el anterior ministro a la Justicia gratuita sin que ni un solo euro haya sido destinado a tal fin.

El colectivo de abogados, cuyo Consejo General tiene instado un recurso de inconstitucionalidad, viene siendo especialmente crítico con su implantación y mantenimiento y viene sosteniendo que las tasas judiciales están provocando importantes desigualdades procesales ya que la pueden abonar sin problemas las grandes empresas, los bancos y los grandes patrimonios, pero disuade del acceso a la Justicia a la clase media y a la clase trabajadora.

La implantación de las tasas sólo se explica desde un desmesurado afán recaudatorio, que no tiene en cuenta los efectos sociales de la medida y castiga a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. La solución para descongestionar los juzgados es dotarles de medios suficientes, en contra de los recortes aplicados. Las redes sociales vienen siendo un cauce masivo de protestas desde el primer momento.

La Ley de Tasas de Gallardón que mantiene vigente el ministro Catalá es, sin ningún género de duda, un ataque directo a la democracia y a la ciudadanía. El Gobierno ha creado una Justicia para favorecer a los poderes económicos y a las grandes corporaciones frente a las personas más desfavorecidas.

Casi dos años y medio después de su entrada en vigor, ya nadie duda que las tasas judiciales son una medida claramente discriminatoria y disuasoria de acceso a la Justicia a la que ha convertido en artículo de lujo.