Gabriel Torres Amann. 02/02/2014
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de febrero el proyecto de Ley de Justicia Gratuita, que ha sido analizado minuciosamente, y rechazado, por el Consejo General de la Abogacía Española al entender que afecta gravemente a algunas garantías constitucionales de los ciudadanos y perjudica gravemente al colectivo de abogados.
Algunos de los aspectos del proyecto pueden ser acertados, los menos. Otros indudablemente creemos que no; son un ataque al ciudadano y a los abogados que resignadamente tramitan en sus despachos los asuntos de oficio con unas malas condiciones económicas.
Uno de los puntos del proyecto de Ley, criticados por el CGAE, valoración negativa que no compartimos, es la circunstancia de no tener en cuenta el lugar de residencia o establecimiento del despacho profesional para la asignación del asunto siempre y cuando el letrado de oficio pueda personarse en la instancia judicial que corresponda sin demora injustificada y, en cualquier caso, dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Esto es, con esta nueva regulación, cualquier letrado de cualquier Colegio de Abogados podría darse de alta en el Turno de Oficio, independientemente de cuál sea su domicilio profesional y su Colegio de adscripción.
El Consejo de la Abogacía entiende que esta nueva regulación no ofrece ninguna ventaja al ciudadano y perjudica la actual prestación del servicio público para un colectivo vulnerable que necesita atención inmediata y cercana, además de que dificulta el control de los Colegios de Abogados al tener que controlar las conductas negligentes de abogados no adscritos a su demarcación territorial.
No creemos que esta liberalización del turno sea una desventaja, sino todo lo contrario; ni para el ciudadano ni para el colectivo de letrados. Los abogados deberán estar dispuestos a tramitar los expedientes que se les asignen y la creación de una adscripción única no puede ser negativa.
Asimismo se rechaza por la Abogacía que el proyecto vincule la Justicia Gratuita a la Ley de Tasas por cuanto que dicho beneficio del ciudadano como derecho constitucional ha de sufragarse siempre por las Administraciones Públicas, además de que la Ley de Tasas es una norma con amplio rechazo social y está pendiente de varios recursos de inconstitucionalidad cuyo resultado está por ver.
Otro de los aspectos negativos del proyecto a juicio del CGAE es que incrementa las obligaciones de averiguación patrimonial por los Colegios de Abogados, manteniendo la duplicidad en la tramitación de los diversos expedientes. Creemos que la crítica es acertada como también es acertada la crítica de la extensión del derecho a Justicia Gratuita a algunos colectivos y personas jurídicas (empresas) al margen de sus recursos económicos pues ello supone una quiebra del criterio general de capacidad económica del solicitante con derecho a este servicio que puede dar lugar a situaciones injustas y discriminatorias.
El aspecto más negativo del Proyecto y sobre el que los abogados que tramitan expedientes de oficio más se suelen quejar y consideran más perjudicial a su labor es que se descarga en ellos los costes de la defensa ante la situación de que el ciudadano al que se ha prestado el servicio no tenga derecho al beneficio de Justicia Gratuita. Con esta actitud se imponen límites a la libertad e independencia de los abogados al prever que éstos asuman los costes de una defensa cuando el cobro sea improbable. Esta forma de actuar la consideramos cuanto menos abusiva y por lo tanto muy desacertada. El que realiza el encargo profesional al letrado es el Estado y éste es el que debe asumir los costos en caso de incumplimiento del ciudadano. El abogado ha realizado el trabajo encomendado y no se le debe cargar con el impago y con la nueva situación de localizar bienes para realizar sus honorarios. El Estado debe pagar y lo deberá recuperar del beneficiario a través de la Agencia Tributaria u Organismo que se determine como en cualquier otro servicio.
Por último, y aunque existan muchos más aspectos que no entramos ahora a examinar, el proyecto supone una invasión de las competencias autonómicas con una pretensión centralizadora, lo que llevará a algunas Comunidades Autónomas a recurrirlo ante el Constitucional, creando un nuevo frente de conflictos.
Tal y como se en se encuentra redactado, no creemos que el proyecto de Justicia Gratuita vaya a ser aprobado. Si lo fuera, el ministro Gallardón se haría acreedor, otra vez, del apelativo de peor ministro de Justicia de la democracia. La Ley de Tasas fue su desafortunado inicio como titular de Justicia.