Bilbao. 19/03/2014.-

El pasado mes de febrero, el ministro del Interior anunció que su Departamento estaba estudiando una reforma de la normativa de inmigración porque, según nos dijo entonces, la Ley de Extranjería no estaba pensada para la realidad específica de Ceuta y Melilla y porque debía dotarse a la Guardia Civil de una normativa jurídica que le permitiera impermeabilizar las fronteras.

Los sucesos de los últimos días que han provocado la multitudinaria entrada de inmigrantes ilegales en Ceuta y Melilla, parece que están poniendo nerviosos a las autoridades que intentan una mayor rapidez en la gestión de los trámites para que los cambios puedan finalmente producirse.

La reforma, sin embargo, no puede acelerarse, a pesar de la clara voluntad de JORGE FERNÁNDEZ, actual ministro, cuya intención de cambio es de sobra conocida: las modificaciones deben esperar a cerrar la negociación con Bruselas, cuya legislación es vinculante para España. Parece claro que la reforma pretendida chocaría frontalmente con la legislación comunitaria dado que la voluntad del ministerio español es la de suprimir algunos de los derechos de los inmigrantes extracomunitarios, como por ejemplo los de quienes hayan cruzado la frontera a los que se procedería a devolver en caliente al país por donde han entrado.

A juicio de numerosas asociaciones de defensa de los inmigrantes, esta posibilidad de actuación que se pretende privaría de algunos de los derechos de los inmigrantes, derechos como los de pedir asilo, contar con un traductor y estar asesorado legalmente, derechos hasta ahora reconocidos tanto en la legislación española como en la Comunitaria.