La precaria investigación penal de las preferentes de Bankia

Bilbao. 21/04/2014.-

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El caso de las preferentes de Bankia, unos activos perpetuos de alto riesgo que fueron colocados fraudulentamente entre ahorradores sin ninguna experiencia y que nunca fueron advertidos de la naturaleza peligrosa de su inversión, sigue siendo actualidad.

Ante la Audiencia Nacional ha sido presentada a primeros de abril por Izquierda Unida (IU) una querella dirigida contra su expresidente Rodrigo Rato y otros 31 exconsejeros de Bankia en la que solicitan al magistrado el embargo de bienes por valor de más de 24.000 millones de euros, suma equivalente a lo que percibió Bankia al ser rescatada en 2012. La querella ha sido formalizada por estafa en la fusión y salida a bolsa de la entidad y en la emisión de participaciones preferentes con las que, a juicio de la formación denunciante, intentaron ocultar su situación de insolvencia y también figuran denunciados el Banco de España (BdE), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la consultora Deloitte y la entidad Lazard que asesoró a Bankia en su salida a bolsa, todos ellos como colaboradores necesarios.

Como es sabido, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Fernando Andreu, investiga ya estos hechos en la causa principal de Bankia y en varias piezas separadas sobre las sucesivas emisiones de participaciones preferentes habidas entre 2008 y 2012. Y precisamente en esa causa el magistrado se viene topando con serias resistencias a aportar la información requerida por parte del Banco de España y de la CNMV. Resulta curioso que sean estos órganos reguladores con competencias en todo este polémico asunto los que más entorpecen y retrasan las pesquisas. Varias acusaciones particulares empiezan a tener la sospecha de que el objetivo de ambos es cerrar cualquier posibilidad de que el Estado pudiera ser declarado responsable civil y, por ello, tuviera que responder de futuras indemnizaciones.

Los miles de afectados por las preferentes, que insisten en que la comercialización de los activos perpetuos ha de investigarse como estafa y que lo sucedido debería ser resuelto judicialmente con ejemplaridad y contundencia contra los ideólogos y contra quienes, al frente de los reguladores públicos, han actuado con una nula vigilancia, no tienen buenas vibraciones y creen que se verán defraudados. Y es que la propia Sala de lo Penal de la Audiencia ya rechazó a finales de febrero que Miguel Ángel Fernández Ordoñez (BdE) y Julio Segura (CNMV), responsables anteriores, pudieran ser imputados. Según los magistrados, no existen elementos que permitan demostrar que los citados contribuyeran “consciente, voluntaria y materialmente al perjuicio de los inversores”.

La querella de Izquierda Unida les ha devuelto la esperanza.

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