Francia tiene eliminadas las tasas judiciales por restringir el acceso a la Justicia

Bilbao. 30/04/2014.-

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Con el objetivo de que se siga la senda marcada por el vecino país, la Abogacía Española tiene solicitado desde enero al Gobierno de Mariano Rajoy que derogue la Ley 10/2012 que regula las Tasas Judiciales en vigor desde el 20 de noviembre de 2012.

El Gobierno francés eliminó el pasado mes de enero las tasas judiciales de 35 euros que se cobran a las personas físicas desde julio de 2011. La entonces ministra de Justicia francesa dejó reconocido que las tasas judiciales impuestas por el Gobierno de Nicolas Sarkozy con la finalidad de financiar la asistencia jurídica habían supuesto una “penalización a las personas más vulnerables y una restricción de su acceso a la Justicia”, asegurando que “esta tasa de 35 euros es injusta” pues afecta principalmente a los ciudadanos que deben abonarlas para iniciar actuaciones judiciales en materia de civil, laboral, familia, vivienda y contencioso administrativo.

El Consejo Nacional de Abogados de Francia, que se había opuesto desde el principio a la creación de este impuesto, ha mostrado su satisfacción por la eliminación de una tasa que “constituye un obstáculo al acceso a la Justicia de los ciudadanos”.

En España las tasas judiciales impuestas por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, que suponen el pago de un tributo por demanda o recurso interpuesto que oscila entre los 100 y los 1.200 euros, están teniendo efectos muy disuasorios. El número de pleitos se ha reducido de forma considerable desde que se empezaron a cobrar las tarifas. En determinadas jurisdicciones y periodos, el descenso ha sido del 21%. Los abogados, muy preocupados,  señalan que la bajada en ciudades como Bilbao o Barcelona puede llegar al 40%.

Con este impuesto nadie está contento. Solamente el Gobierno que sigue haciendo oídos sordos a las numerorisimas quejas.”Con la tasas judiciales, el Gobierno ha conseguido su objetivo de descender la litigiosidad, pero a costa de dejar fuera del sistema a los sectores de la sociedad que no pueden asumir su desembolso”, ha asegurado el magistrado Joaquín Bosch de la asociación Jueces para la Democracia.

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