Bilbao. 07/04/2014.-
Gabriel Torres Amann. Abogado
El pasado uno de abril se dio a conocer el “Plan Conjunto de Lucha Contra el Fraude” firmado por las tres Diputaciones vascas en el que se pone en el punto de mira de las inspecciones fiscales a varios colectivos, entre ellos el de los abogados y procuradores, al haberles identificado, según se dice y sin expresar las razones, como integrantes de uno de los principales focos de fraude tributario.
Las reacciones inmediatas ante la expresada actuación no se han hecho esperar: por un lado, los inspectores molestos por revelar sus objetivos de forma excesivamente concretos, tachan el plan de gran error estratégico; por otro, la Diputación alavesa que entiende que el Plan se ha excedido al identificar colectivos a investigar, desligándose incluso del plan conjunto y anunciando que seguirán el suyo propio; y por último, el Colegio de Abogados vizcaíno que, a través del miembro de la Junta de Gobierno Javier Muguruza, se limitó a señalar que la acción de las Diputaciones era normal y lógico y que “si aparece algún golfo, el Colegio no piensa mover un dedo”.
Sorprende en principio que los responsables del Plan identifiquen con tanta claridad al colectivo de abogados que, por otra parte, ya viene siendo objeto de constantes controles por parte de la Inspección tributaria. Son pocos, muy pocos, los abogados con más de diez años de ejercicio profesional a los que la Inspección no haya llamado aún a su puerta.
En Bizkaia, el número de letrados ejercientes no alcanza los tres mil quinientos y han reaccionado a la noticia con estupor e incredulidad mostrándose preocupados, tanto por la acusación de “colectivo defraudador” que se les hace, como por la falta de una respuesta contundente por sus representantes colegiales.
Las palabras pronunciadas por el miembro de la Junta del Colegio Muguruza Arrese no han gustado y en todo caso no han sido, a juicio de los colegiados, en defensa del colectivo. Ha extrañado que no sea el Decano el que saliera en defensa de los abogados y no ha gustado nada que la persona elegida para pronunciarse, aunque miembro de la Junta de Gobierno, haya sido durante veinte años funcionario de la Hacienda Foral de Bizkaia e incluso haya ostentado la condición de Director General de la misma durante cuatro. Por sus palabras, parece que ha predominado más su anterior oficio público que el actual de letrado ejerciente.
Insistimos que se ha echado en falta que el Decano y la Junta de Gobierno en su conjunto se hayan opuesto a la mención del colectivo de abogados en el Plan porque ello debe ser considerado como un grave insulto a todos y cada uno de sus miembros ya que se les señala como especialmente predispuestos al fraude cuando ello no es cierto. Se debería resaltar, por obvio, que el colectivo trabaja desde hace muchos años desinteresadamente por la parte más desfavorecida y con menos recursos de la sociedad, sin casi gratificaciones o por unas retribuciones ridículas y sabedores de que, cuando reciban semestralmente sus honorarios -si, semestralmente-, no van a poder pagar con ellos ni la luz a final de mes
Hace no mucho tiempo el entonces decano de los abogados vizcaínos Nazario Oleaga declaró públicamente que un importante número de abogados estaba en situación de alerta roja. Hoy los abogados siguen siendo un colectivo que, en un elevado número, pasa por una situación profesional dramática por la caída de asuntos en sus despachos con graves problemas para mantenerlos abiertos cada día y en un momento, además, en el que la Ley de Tasas ha hecho descender el volumen de procesos judiciales, lo que para algunos ha supuesto su puntilla.
Convendría recordar a la Comisión que ha confeccionado el “Plan Conjunto de Lucha Contra el Fraude” que las grandes bolsas de fraude no están entre los abogados ni resto de colectivos marcados, sino entre las grandes empresas como bien ha dicho el Presidente de la Asociación Vasca de Autónomos quien además ha dejado señalado que ese dato lo indica expresamente el sindicato nacional de técnicos de Hacienda.
Sin combatir la acusación de defraudadores y anunciando que no piensan defender a sus miembros ante las anunciadas Inspecciones por la que toman claramente partido, a partir de ahora los abogados vizcaínos vamos a ir en fila y en silencio, hacia una revisión de nuestras cuentas con la presunción de culpabilidad y sin el amparo colegial.
Ante esto y visto lo visto, son muchos los abogados que prefieren que a partir de ahora la defensa de su colectivo no sea llevada por quienes ocupan un sillón -que no siempre conocen a lo que les obliga- y comiencen a romper su silencio saliéndose de la fila.