Bilbao. 19/02/2015
Gabriel Mª Torres Amann. Abogado.-
Una de las preguntas que me hago en estos momentos es si está en nuestra mano hacer algo, por pequeño e insignificante que sea, para ayudar a salir de esta grave y duradera crisis económica. Supongo que es algo así como responder -más de 50 años después- a la famosa frase de John F. Kennedy («No os preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros. Preguntaos qué podéis hacer vosotros por vuestro país»). La respuesta es sí. Siempre podemos hacer algo.
Una de las primeras medidas que se se me ocurre es la de no acudir a las gasolineras que carezcan de personal, a las estaciones de servicio en las que el consumidor recibe menos atención por el mismo precio, en las que además se le puede hacer responsable de los daños causados en la propia gasolinera y a las que, si hay una avería o error, no hay nadie a quien reclamar.
Me sorprende que el Gobierno permita las estaciones de autoservicio cuando ello entra en contradicción con el hecho mismo de que la licencia de actividad de una gasolinera reconoce que son negocios «molestos, insalubres y peligrosos». Con esta calificación me parece una barbaridad que no haya personal adscrito a estos negocios que evite en lo posible que no se produzcan accidentes como, por ejemplo, derrames de combustible. En definitiva, que nadie controle el uso incorrecto del surtidor. Nunca entenderé que se permita la manipulación de la gasolina por cualquier persona no preparada, incluso menores de edad o discapacitados mentales.
El autoservicio surgió y se consolidó bajo la premisa de que la gasolina nos saldría más barata lo cual, con el tiempo, ha resultado falso. De hecho, hace unos días la Unión de Consumidores (UCE) presentó una denuncia contra Repsol, Cepsa y BP España ante el Servicio de Defensa de la Competencia y ante el Instituto Nacional de Consumo por el abuso de aplicar la misma política de precios en las gasolineras de autoservicio que en las atendidas por un profesional.
El auge de las gasolineras sin personal, que sólo beneficia a las grandes distribuidoras, debe obligar a las Comunidades Autónomas a una regulación específica del sector que obligue a tener al menos algún empleado, pero hasta la fecha sólo cuatro -Navarra desde 1997, Andalucía, Castilla-La Mancha y, desde el mes pasado, Aragón- recogen en su legislación la obligatoriedad de contar con un profesional. Sorprendentemente, en el País Vasco no se ha creado ni siquiera la polémica. Espero que más pronto que tarde se rectifique la actual permisividad, porque además con ello se crearía empleo.
Pequeñas ideas para superar la crisis hay muchas. La de acudir -siempre que se pueda- a las gasolineras con personal que nos atienda, es una. Y tengamos presente que la forma de consumir determina la sociedad en la que vivimos y queremos que vivan nuestros hijos.
