Madrid. 27/02/2015.-
El Consejo de Ministros celebrado hoy acaba de anunciar la supresión de la obligatoriedad del pago de la tasa judicial para el ciudadano, personas física, en todos los órdenes e instancias, después de más de dos años desde la entrada en vigor y de haberse recaudado cerca de 600 millones.
La ley 10/2012, de 20 de noviembre, pendiente de sentencia en el Tribunal Constitucional, fue aprobada a instancia de Alberto Ruiz-Gallardón sin tomar en consideración la opinión de distintos sectores judiciales, como asociaciones de jueces, fiscales o abogados. Desde el mismo día que relevó a Ruiz-Gallardón al frente del Ministerio, el 29 de septiembre del pasado año, Rafael Catalá Polo -en la foto- no ha hecho otra cosa que asegurar que la modificación de las tasas era uno de los objetivos prioritarios de su cartera.
La supresión de tasas se incluye en el Decreto de Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden social que entra en vigor el lunes. El Ministro de Justicia explica que ‘se continúa así trabajando para que la Justicia esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva‘, reconociendo con ello que durante estos dos años largos se ha vulnerado el acceso a la Justicia para muchos ciudadanos.
Conocida la noticia, el Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado su satisfacción por la aprobación del Real Decreto Ley, aunque deja constancia de que la satisfacción es parcial porque no extiende la derogación de las tasas también a las Pymes, ‘lo que repararía plenamente la injusticia y contribuiría a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo‘.
La nota del CGAE resalta que la supresión es una ‘victoria de los ciudadanos y de la Abogacía que durante tres años ha encabezado el clamor social y la batalla contra las tasas junto a todos los operadores jurídicos, partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones de consumidores y asociaciones y colectivos de abogados‘.
La medida es una buena noticia para todos los ciudadanos a los que se han venido limitando su derecho de acceso a la Justicia, sin que además, el dinero recaudado, en contra de lo comprometido por el Gobierno, se haya destinado a mejorar el servicio público de la Justicia Gratuita.
