Madrid. 07/02/2015.-

Desde que tomara posesión del cargo de ministro de Justicia el 29 de septiembre del pasado año, Rafael Catalá Polo no ha hecho otra cosa que asegurar a diestro y siniestro que la reducción de las tasas era uno de los objetivos prioritarios de su cartera. Incluso el mismo día que relevó a Ruiz-Gallardón al frente del Ministerio, ya adelantó en la posterior rueda de prensa que ese era uno de sus objetivos prioritarios.

Pero van transcurriendo los meses y la ley de tasas permanece inalterable. Cada día que pasa, los ciudadanos que necesitan recurrir a la Justicia para hacer valer sus derechos, deben consignar en Hacienda la consabida y desproporcionada tasa judicial acompañando con la demanda el impreso 696 debidamente cumplimentado.

Este viernes, tras el Consejo de Ministros, el Sr. Catalá ha asistido al pleno del Consejo General de la Abogacía Española donde ha vuelto a confirmar su propósito de cambio y, esta vez incluso, se ha atrevido a hablar de plazos, asegurando que en «dos o tres semanas se adoptarían las medidas normativas para una revisión de las tasas» que supondrá «una aproximación a los planteamientos de la Abogacía y que serán más beneficiosas para los ciudadanos que en la situación actual».

La ley 10/2012, de 20 de noviembre fue aprobada a instancia de Alberto Ruiz-Gallardón y su gestión económica corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Desde su entrada en vigor los ciudadanos, jueces, procuradores, abogados, colegios profesionales y asociaciones de todo tipo han venido exigiendo su derogación no sólo con concentraciones constantes frente a los Palacios de Justicia sino incluso con recursos de inconstitucionalidad que según los expertos tienen muchas posibilidades de prosperar.